El reciente anuncio de Glovo de que transformaría su modelo de negocio para “cumplir con la legislación” llegó casualmente un día antes de que su fundador, Óscar Pierre, tuviera que comparecer como investigado. Y es que, con la entrada en vigor en 2021 de la “Ley Rider”, que obligaba a las plataformas de reparto a […]
Artikel ansehen
Zusammenfassung ansehen
EDITORIAL. El “avance” pírrico de Glovo: donde la ley no llega, debe llegar la luchaEl reciente anuncio de Glovo de que transformaría su modelo de negocio para “cumplir con la legislación” llegó casualmente un día antes de que su fundador, Óscar Pierre, tuviera que comparecer como investigado. Y es que, con la entrada en vigor en 2021 de la “Ley Rider”, que obligaba a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores como asalariados, el gobierno prometió un avance nunca antes visto para estos trabajadores. ¿Seguro?
La reforma, anunciada a bombo y platillo, podría costar a Glovo unos 100 millones de dólares anuales. Cifra que palidece ante los entre 440 y 770 millones de euros que la empresa se ahorró en cotizaciones sociales gracias a la estafa de los falsos autónomos. Pero lo peor es que la transición al nuevo modelo se llevará a cabo —gracias a la “libertad capitalista”— sin el menor control y como buenamente desee la compañía. De este modo, una parte significativa de los aproximadamente 60.000 repartidores en España podría quedarse fuera de las contrataciones. ¿Qué derechos se están garantizando entonces?
Para colmo, para muchos riders la incertidumbre se agrava por la existencia de un mercado negro de cuentas, subarrendadas incluso por un 30 % de la facturación. ¿Qué ocurrirá con estas personas que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad y sin cobertura legal? Los contratos que no llegan, la posibilidad de ser excluidos de la nueva plantilla y la precariedad de quienes sí sean contratados —horarios interminables, salarios bajos, nula protección social— dibujan un escenario que en nada se parece a las promesas con las que nos vendieron la “Ley Rider”.
A esta realidad se suma la reciente decisión de la Audiencia Nacional que anula sanciones impuestas a Glovo y Uber, asumiendo que sus repartidores sí pueden considerarse autónomos. Basada en la interpretación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con primacía sobre el derecho nacional), la resolución refuerza la posición de las plataformas y coloca a los trabajadores en un limbo legal. Las instituciones europeas abren así a las grandes empresas otra puerta para eludir sus responsabilidades e incrementar la explotación.
Quienes defendieron la “Ley Rider” y nos pidieron (y hasta exigieron) el voto aludiendo a ella nos aseguraron que pondría fin a la precariedad y blindaría los derechos de los repartidores. Pero ante la falta de inspecciones rigurosas y dada la tibieza de las sanciones, los trabajadores siguen igual que antes. Si el objetivo era un cambio más allá de las portadas de los periódicos, hubiera sido imprescindible en primer lugar blindar legalmente los puestos de trabajo prohibiendo los despidos; y, además, aplicar sanciones ejemplarizantes a las empresas, otorgando a la inspección laboral una capacidad de control real y no “simbólica”.
En este contexto, solo un movimiento obrero abarcador que incluya a trabajadores inmigrantes, precarios, falsos autónomos, mujeres de la limpieza, trabajadores de la hostelería o de pequeñas empresas, etc. podrá dar el vuelvo que la situación necesita. Aquí no se trata de “revisar un articulado” de la legislación laboral ni de discutir un novedoso “modelo de negocio”, sino de que ningún trabajador —nativo o extranjero— se quede atrás y de poner la vida de la clase trabajadora por delante de la cuenta de resultados de un multimillonario. Incondicionalmente.
