La Ley andaluza de Memoria cumple ocho años sin infracciones pese a Queipo, 'caras al sol', vandalismo y misas por Franco
Desde abril de 2017 se han producido diversos actos y hechos contrarios a priori a la normativa pero el Gobierno de Moreno no ha "incoado ni resuelto" ningún expediente por infracción en la materia El Gobierno de Moreno se olvida de los Lugares de Memoria de Andalucía: tres (obligados) en casi seis años
El 4 de abril de 2017 entró en vigor la
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tras ser aprobada por el Parlamento autonómico
sin votos en contra. Desde entonces, no se ha incoado ni resuelto ningún expediente por infracción en la materia.
No ha dicho nada la Consejería de Cultura de las obras en una iglesia de Carmona (Sevilla) que
en 2019 afectaron a cuatro fosas comunes, ni de la pintada franquista
en octubre de 2019 sobre los nombres de los más de mil represaliados en la fosa común 702 del cementerio de San Eufrasio de Jaén, ni de la utilización
el año pasado por parte del Ayuntamiento de Almería de un monumento a las víctimas del nazismo para sujetar la carpa de una fiesta fallera, ni de la profanación de un cadáver en una fosa en Víznar
en abril del año pasado.
Tampoco, por ejemplo, de la misa en recuerdo de Franco a la que Pablo Casado acudió
en noviembre de 2021 “por error” y en la que una bandera preconstitucional adornaba uno de los primeros bancos de la capilla. O en Sevilla, con
el 'cara al sol' en la Plaza del Salvador en 2019 (o
hace solo unos meses) o a la salida del
funeral por el exministro franquista Utrera Molina en presencia de Ruiz Gallardón, cuando la ley andaluza no llevaba ni un mes en vigor, por entonces aún bajo el Gobierno del PSOE. Tampoco hubo expediente alguno por
una enorme bandera franquista en una vivienda en Bornos (Cádiz) este pasado verano.
Los primeros casos, con ayuntamientos dirigidos por el PP en esos municipios, podrían considerarse infracciones encuadradas en el artículo 52 de infracciones por “omisión del deber de conservación (...) cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos como Lugar o Sendero de Memoria Democrática”, como “realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Sendero de Memoria Democrática” o como “realización de daños a espacios o mobiliario de los Lugares o Senderos de Memoria Democrática”. El monumento a las víctimas del campo de concentración y exterminio de Mauthausen, cabe recordarlo, es un Lugar de Memoria Histórica de la Junta, protegido por decreto en 2012 y amparado por la citada Ley de Memoria de 2017.
Artículo 32.12 contra la “exaltación del golpe militar o del franquismo”
No ha considerado la Junta que ninguna de esas acciones merezcan la apertura de expediente alguno, puesto que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en una respuesta escrita a la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán, a la que ha tenido acceso este periódico, asegura que desde la entrada en vigor de la ley andaluza “no se ha incoado ni resuelto ningún expediente por infracción en la materia de memoria histórica”.
Respecto al caso del entonces líder del PP a nivel nacional, y otros similares que se repiten cada 20N con misas por Franco, el artículo 32.12 de la ley andaluza que ahora cumple ocho años dice lo siguiente: “Las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”.
A nivel estatal, y con la segunda Ley de Memoria ya en vigor en España,
el pasado mes de noviembre la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pedía al Gobierno sancionar a la Iglesia por permitir misas “por el alma” del dictador ya que “ofenden y humillan a las víctimas” del franquismo.
El comité de símbolos, casi cinco años después
En cuanto a los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, tampoco la administración andaluza ha percibido nada en estos años, principalmente porque se acaba de reunir por primera vez el comité técnico, creado
en julio de 2020. Este órgano debe velar por su retirada y eliminación en caso de que supongan una “conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”, según marca la ley.
Del Pozo relata en otra respuesta escrita que tras el nombramiento en 2024 de los miembros del comité técnico, creado
con cuatro años de retraso y entre los que se encuentra Luis Martín Sicilia, quien considera que
la memoria democrática está “impuesta por filoetarras”, recientemente se ha celebrado la primera reunión de trabajo del comité. En esa reunión “se acordaron los requisitos que deben reunir las solicitudes presentadas por la ciudadanía para que dicho comité emita informe acerca de los elementos contrarios a la memoria democrática, al mismo tiempo que se fijaron las directrices que deberá seguir el comité para la emisión de los informes”, explica la consejera a la portavoz adjunta de Por Andalucía.
“Hay falta de autoridad y de interés. No hacen cumplir la ley porque no creen en ella, y así llevan ocho años. El problema es que son la administración competente. ¿Quién sanciona al que debe sancionar? ¿Quién vigila al vigilante? La Junta no da a la Memoria rango de ley, por eso la ningunea sin que pase nada”, consideran al respecto fuentes de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. “Lo de Casado es el ejemplo más claro de la equidistancia del gobierno de la Junta con la Memoria. Quien no cree en ella es quien tiene que vigilar y hacer que se cumpla”, añaden.
Queipo duró un mes
Es de recordar que el elemento contrario a la memoria democrática más destacado, o al menos el más mediático, había sido la presencia de los restos del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena en Sevilla. Apenas entrada la ley andaluza
en 2017 ya se pedía su traslado con base legal, y hasta
una querella contra la expresidenta Susana Díaz (PSOE) se llegó a plantear, si bien la entrada del PP en San Telmo
calmó esas aguas memorialistas, si bien cada 18 de julio se pidió la salida de sus restos en vigilias antifascistas.
“Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”, dice en su artículo 32.4 la Ley de Memoria de Andalucía, esgrimido por las entidades y partidos para exigir la exhumación de los restos de Queipo.
Pero no fue hasta
la noche del 2 de noviembre de 2022 cuando se produjo definitivamente la exhumación de Queipo y de
Francisco Bohórquez, su principal hombre de confianza, ordenado por el Gobierno de España en virtud de
la nueva Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada apenas un mes antes y que dejaba bien a las claras el deber de la hermandad de la Macarena de sacar los restos del
responsable de 45.000 muertes en Andalucía.
