Vivienda: una emergencia social que exige solucionesNo descubrimos nada nuevo si constatamos, una vez más, que el problema de la vivienda en Euskadi, al igual que ocurre en el conjunto del Estado, constituye una emergencia social. Los datos no pueden ser más concluyentes: en el País Vasco entre los 18 y los 34 años sólo está emancipada una tercera parte de la juventud. Nos situamos en el vagón de cola de la Unión Europa. Es obvio que algo no se está haciendo bien. Ni en Euskadi ni en el conjunto del País.
Los precios medios del mercado inmobiliario, tanto en propiedad como en alquiler, impiden en la práctica que una persona en edad de iniciar un proyecto de vida autónomo tenga opción de ver cumplido su objetivo. La situación no puede ser más frustrante.
La compra de una vivienda, salvo apoyo familiar o salarios por encima de la media, es un sueño inalcanzable para una generación que deja la treintena atrás, condenada a compartir casa incluso con personas desconocidas porque el alquiler también está muy lejos de sus posibilidades.
Hablamos de un drama que hemos aceptado como si no hubiera alternativa. Me consta que las Administraciones Públicas son conscientes de esta situación y se, por experiencia propia, que existen herramientas que pueden contribuir a paliar esta situación. Siendo Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco asumimos decisiones pioneras, entre ellas apostar por la generación de un parque de vivienda excluido de la lógica especulativa del mercado.
Fuimos la primera Comunidad Autónoma en el Estado en garantizar que la vivienda protegida mantuviera de por vida la calificación permanente, evitando la especulación que hasta entonces era una práctica habitual. Esta medida ha supuesto que en Euskadi hasta 60.000 viviendas estén fuera de la lógica especulativa y deban destinarse de forma permanente a residencia habitual, a precios asequibles y accesibles a las personas que por su situación e ingresos más lo necesitan.
Es incomprensible que a día de hoy, se siga permitiendo en la mayoría de Comunidades Autónomas que las viviendas protegidas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, puedan ser vendidas pasados veinte años como viviendas libres. No solo es inmoral favorecer con esta política el “pelotazo” sino que se está contribuyendo a debilitar el parque público de vivienda, cuando lo que se debe hacer es reforzarlo.
Nuestra obsesión en el Ejecutivo vasco fue dar pasos firmes en favor de la generación de un parque público de vivienda de alquiler asequible y nos pusimos manos a la obra, demostrando con hechos que querer es poder. En sólo ocho años, de 2001 a 2009, pasamos de 4.250 viviendas en esta modalidad a cerca de 15.000. Para ello, multiplicamos por cuatro la inversión pública. En ese periodo se construyeron 7.000 viviendas públicas de alquiler asequible y se movilizaron para este mismo fin más de 4.000 viviendas privadas vacías.
Lamentablemente, en los últimos diez años, la promoción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en Euskadi, de la mano de los Gobiernos PNV-PSE, a duras penas ha alcanzado una media de poco más de 500 viviendas en cada ejercicio; es decir, una cifra testimonial. Igualmente, aprobamos una ley vasca del suelo pionera, que permitía dar uso a los suelos equipamentales para destinarlos a viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, permanente y rotatorio.
Pasados 20 años de su habilitación urbanística, una iniciativa con un gran potencial, no ha sido ejecutada como cabía esperar. Las cifras son elocuentes: el parque de alojamientos dotacionales solo suma 2.000 unidades, una parte significativa de ellos aún sin finalizar. En 2008 pusimos en marcha un paquete de ayudas para favorecer el acceso al alquiler libre, orientado a personas y colectivos con mayores dificultades; esta línea está consolidada como un derecho subjetivo, del que se benefician 30.000 personas a través de la figura de la Prestación Complementaria de Vivienda.
Queda mucho camino por recorrer, pero el “caso vasco”, en los años gestionados por Izquierda Unida-Ezker Batua, es un modelo de referencia, sobre el que se puede y se debe profundizar. Y ahora, especialmente, en un momento en el que el mercado inmobiliario bate récords de precios imposibles. Es cierto que la entrada en vigor en el Estado de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, ratifica en parte la estrategia emprendida entonces en Euskadi, pero también es cierto que no hay voluntad política de desarrollarla y actuar con valentía. Las prioridades siempre son otras.
Reconocer el derecho de la ciudadanía a una vivienda asequible sólo será creíble cuando las Administraciones Públicas impulsen un parque público suficiente para atender la demanda en régimen de alquiler asequible. Si nos encontramos en la situación actual es porque no se han querido dar estos pasos. De hecho, pareciera que avanzamos en la dirección contraria.
En Euskadi la coalición PNV-PSOE ha anunciado una contrarreforma exprés, que pretende rebajar las reservas de suelo para vivienda protegida, tal como le demandan los promotores y propietarios de suelo, pasando de la exigencia actual en suelo urbanizable del 75% al 60%.
Del mismo modo, siguen negándose a reservar una parte del suelo para promover vivienda en alquiler asequible, tal y como exige la ley estatal de vivienda aprobada hace dos años. Esta normativa habilita la determinación de límites de renta al alquiler libre en las zonas tensionadas, a partir de unos índices de referencia establecidos previamente, que debían entrar en vigor como fecha límite antes del 1 de Enero de 2025. En Euskadi no sabemos todavía ni cómo se van a concretar. ¿Incompetencia? ¿Inoperancia? O más bien, ¿intereses?
Esta actitud del Ejecutivo autónomo actual es grave, lesiva para los intereses de la ciudadanía, y pone de manifiesto su falta sensibilidad ante una emergencia social de primer orden. El problema es común al conjunto del Estado y ninguna institución competente asume la cuota de responsabilidad que le corresponde. Si tienen que elegir bando, lo hacen, posicionándose siempre del lado del mercado inmobiliario. No hemos llegado a esta situación por casualidad.
Corremos, además, y es muy preocupante, el riesgo de que la coyuntura geopolítica y la apuesta europea por el rearme desvíen el foco del drama de la vivienda en España y quienes sufren esta situación se vean aún más abandonadas a la tiranía del mercado libre. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha prometido incrementar el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB. Confío en que ninguna formación de izquierda le acompañe en este viaje. Nuestra prioridad no son más armas; que no nos manipulen. Nuestra amenaza como sociedad es que la juventud no se pueda emancipar, no pueda tener un proyecto de vida, no pueda llegar a fin de mes y el precio de la vivienda sea el origen de su empobrecimiento.
Urge voluntad política sincera y real, presupuestos suficientes, y, por supuesto, conciencia moral para no lastrar a una generación, que debe ser el futuro, pero corre el riego de no tenerlo. Invertir para prepararse para la guerra no puede estar por delante del derecho de millones de personas a vivir con dignidad: sin un lugar dónde hacerlo, ¿qué clase de vida nos espera?
