Cuba sabía que le esperaban cuatro años agotadores cuando Donald Trump fue elegido para un segundo mandato, pero la velocidad con que su nueva administración intensificó la guerra económica estadounidense contra la isla no tuvo precedentes. En su primer mandato, Trump esperó casi cuatro años, justo antes de dejar el cargo, para designar a Cuba […]
CUBA. El regreso de Trump trae consigo ataques sin precedentes contra la islaCuba sabía que le esperaban cuatro años agotadores cuando Donald Trump fue elegido para un segundo mandato, pero la velocidad con que su nueva administración intensificó la guerra económica estadounidense contra la isla no tuvo precedentes.
En su primer mandato, Trump esperó casi cuatro años, justo antes de dejar el cargo, para designar a Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo» (SSOT). Esta vez, a pocas horas de su investidura, volvió a incluir a Cuba en la lista SSOT de Estados Unidos. La administración Biden no merece ningún elogio por la breve eliminación de Cuba de la lista.
A pesar de las promesas electorales de revertir las 243 medidas punitivas adicionales impuestas por Trump, Joe Biden se quedó de brazos cruzados mientras los cubanos sufrían la COVID-19 y la peor escasez de la historia reciente, esperando hasta seis días antes de dimitir para revertir la designación SSOT.
La inclusión en la lista SSOT priva a Cuba de comercio, inversión y acceso a mecanismos bancarios internacionales, lo que disuade a inversores potenciales muy necesarios. Ha agravado la crisis económica y migratoria que enfrenta actualmente.
Ese mismo día, la Casa Blanca restableció la «Lista de Entidades Restringidas», que incluye cientos de entidades cubanas con las que las empresas o personas estadounidenses tienen prohibido cualquier trato. La lista original, introducida durante la primera administración Trump, también prohíbe a grupos turísticos, personas o funcionarios estadounidenses alojarse en más de 100 hoteles cubanos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó las medidas como “un acto de arrogancia y desprecio por la verdad” en una publicación de Facebook y dijo: “La legítima y noble causa de nuestro pueblo prevalecerá y una vez más triunfaremos”.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también se mostró desafiante. «Causará daño, pero no doblegará la firme determinación de nuestro pueblo», declaró en X.
El 31 de enero, la empresa cubana Orbit SA también fue declarada «entidad restringida». Orbit se encarga de procesar las remesas (dinero que los cubanos residentes en el extranjero envían a sus familias), la mayoría de las cuales se envían a través de Western Union.
El 8 de febrero, Western Union suspendió las transferencias a Cuba debido a un cambio en las sanciones impuestas por Estados Unidos. A menos que encuentren otra entidad cubana sin restricciones para operar, las remesas, que son un sustento para muchas familias cubanas durante la actual crisis económica, se suspenderán indefinidamente.
En febrero, Trump revocó la suspensión impuesta por Biden al Título III de la Ley Helms-Burton, la parte que permite demandar a empresas internacionales si hacen negocios con propiedades nacionalizadas durante la Revolución Cubana. Esta controvertida parte de la ley, promulgada por el presidente Bill Clinton en 1996, había sido suspendida por todos los presidentes durante 23 años tras la presión de los gobiernos mundiales hasta la llegada de Trump.
Como resultado, desde 2019 se han presentado alrededor de 45 demandas en los tribunales, principalmente contra empresas estadounidenses, otra amenaza extraterritorial para disuadir a los inversores de trabajar con Cuba.
Cuba siempre ha declarado su disposición a encontrar una solución a cualquier reclamación de compensación por propiedades nacionalizadas. De hecho, firmó y cumplió acuerdos tras la revolución con numerosos países, entre ellos España, Suiza, Canadá, el Reino Unido, Alemania y Francia. Sin embargo, el gobierno estadounidense se negó a negociar en aquel momento.
Cuba respondió con un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores en el que llamó a “la comunidad internacional a detener, denunciar y apoyar a nuestro pueblo ante esta nueva y peligrosa arremetida agresiva que apenas comienza”.
“Harán mucho daño con sus planes y medidas asesinas y cobardes, pero nunca lograrán su objetivo principal de doblegar y someter a Cuba”.
Funcionarios del Departamento de Estado han dejado claro que la agresión apenas comienza. Poco después de su nombramiento, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que la administración «restauraría una política dura hacia Cuba».
Con Venezuela y Nicaragua también en la mira, acusó a los tres países de ser “enemigos de la humanidad”, debido a la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos, pasando por alto la ironía de que son las sanciones económicas estadounidenses contra los tres las que están impulsando la crisis.
El presidente Díaz-Canel dijo que eran las sanciones estadounidenses las que provocaban una migración sin precedentes y respondió a Rubio sobre X: “La humanidad está en peligro por su neofascismo”.
Mauicio Claver-Carone, otro partidario de línea dura del bloqueo, quien se atribuyó la política de «máxima presión» contra Cuba entre 2017 y 2021, es ahora enviado especial para América Latina. En febrero, declaró a un periodista de Politico que ese cambio de régimen en Cuba era «inminente» y que Estados Unidos puede ser «muy creativo» para lograrlo.
En el Congreso, el senador republicano Rick Scott anunció que no creía que Estados Unidos “debiera permitir ningún viaje a Cuba” y que presionaría para que se impusieran restricciones de viaje “para finales de año”.
En febrero, Estados Unidos lanzó un ataque directo contra las misiones médicas internacionales de Cuba al imponer restricciones de visado a las personas y familiares directos asociados con los programas humanitarios. Las brigadas médicas internacionales cubanas han atendido a millones de personas en el Sur global desde su creación tras la revolución y se consideran vitales para la infraestructura sanitaria de muchos países, especialmente de algunos de los vecinos más cercanos de Cuba en el Caribe.
Rubio acusó a las misiones médicas de privar a los “cubanos comunes y corrientes de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen”, cuando en realidad es el bloqueo estadounidense el que bloquea la capacidad de Cuba de comprar medicamentos vitales y suministros quirúrgicos que su pueblo necesita desesperadamente.
Durante años, el gobierno estadounidense ha intentado socavar los programas médicos, proporcionando fondos de USAID para intentar exponerlos como «trabajo forzoso». Sin embargo, esta propaganda ha sido cuestionada tanto por funcionarios cubanos como por los propios médicos, así como por observadores internacionales, quienes argumentan que las misiones son voluntarias y prestan servicios esenciales a las comunidades necesitadas.
Un editorial del Jamaica Gleaner condenó el plan como «nada menos que insensible, cruel y vengativo». Se sentiría «no solo en Cuba, sino también en los pobres de África, Asia y América, incluyendo varios países del Caribe, entre ellos Jamaica».
Los líderes de los países de Caricom fueron rápidos y vehementes en su condena de esta medida que los sancionaría por utilizar médicos y enfermeras cubanos en sus sistemas de salud, y planearon reunirse con funcionarios en Washington para exponer sus casos en marzo.
«¿Alguien espera que, por querer conservar mi visa estadounidense, voy a dejar morir a 60 personas pobres de clase trabajadora? Eso jamás ocurrirá», declaró Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, donde los médicos cubanos que trabajan en el Centro Médico y de Diagnóstico del condado salvan decenas de vidas cada día.
Joseph Andall, ministro de Asuntos Exteriores de Granada, comentó: “No solo tenemos la obligación legal, sino también la obligación moral y ética de apoyar al pueblo cubano; nuestra infraestructura sanitaria colapsará sin la generosa intervención de Cuba, por lo que siempre debemos adoptar una postura de principios”.
Con una serie de partidarios del bloqueo nombrados para puestos de embajadores y de la Casa Blanca, y un nuevo proyecto de ley del Senado que busca imponer sanciones aún más severas a los extranjeros que «se relacionen» con Cuba, todos los niveles del gobierno y la legislatura de Estados Unidos están concentrados en estrangular la economía cubana y subyugar a su pueblo revolucionario.
En sus primeros 50 días, la administración Trump ha actuado con una velocidad y agresividad sin precedentes, y se avecinan más ataques. El movimiento de solidaridad debe estar a la altura de este desafío y prepararse para una lucha de cuatro años junto al pueblo cubano en defensa de su soberanía y revolución.
Natasha Hickman es gerente de comunicaciones de la Campaña de Solidaridad con Cuba.
