Vox pierde su cruzada contra los menores no acompañados en la parada del bus al ser tumbada su propuesta en Hortaleza
La Junta Municipal del distrito madrileño debatía esta tarde la propuesta de Vox para impedir a los jóvenes tutelados sentarse en la parada del autobús que hay junto a un centro de acogida. Todos los partidos, salvo los proponentes, han votado en contra Los madrileños que ayudan a los migrantes expulsados de los centros de acogida al cumplir 18
Los menores no acompañados de Hortaleza pueden seguir sentándose en la parada de autobús. La moción de Vox para prohibir a los chicos que se alojan en un centro de acogida próximo a varias marquesinas ha naufragado y solo la apoyaron los propios proponentes. Los representantes de PP, PSOE y Más Madrid en el distrito, que coordina el exconsejero David Pérez, han votado en contra a la medida en el que ha sido un debate algo bronco. A los de Santiago Abascal se les ha acusado de “racistas” o “xenófobos” por parte de algunos partidos allí presentes y también de la presidenta de la asociación Somos Acogida, que pudo intervenir durante tres minutos y vivió un cruce de reproches con los dos portavoces de Vox.
Antes de rechazar definitivamente la moción, el PP propuso una enmienda para ampliar a todos los jóvenes, y no solo los extranjeros y no acompañados, las represalias por aglutinarse en las marquesinas en caso de un mal uso del espacio público. No obstante, Vox fue tajante y la rechazó. Cuando se evidenció que la propuesta caería en saco roto, sus ideólogos tildaron de “comunistas” algunos de los argumentos vertidos y defendieron que su iniciativa no iba en contra de los menores extranjeros no acompañados, a los que llaman
Menas, sino que se extiende a todos los que perjudiquen el lugar. Sin embargo, no suscribieron la oferta del PP, cuya enmienda sugería prácticamente lo mismo. Esta mañana,
el Ministerio de Juventud e Infancia, tras conocerse la proposición, adelantó que investigaría si se trata de un delito de odio en caso de que llegara a aprobarse, y tildó de “moción racista” la que Hortaleza ha debatido este jueves.
El propio concejal-presidente del distrito argumentó que su partido estaba en contra del “uso político” de los menores migrantes, deslizando que era eso lo que hacía Vox. “Rechazo que se señale a las personas por su nacionalidad o su origen”, ha sentenciado Pérez. Una reivindicación a la que también se han sumado el resto de partidos, no sin algún que otro reproche al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, ambos con gobiernos del PP. Ha sido el caso del portavoz del PSOE en el distrito, Jorge Donaire, que habló de una moción “mezquina, irreal, racista y xenófoba” que el PP debería haber “rechazado” desde el primer momento, en lugar de “enmendarla” y darle algo de cabida. Unas palabras que enfurecieron al concejal del distrito, que interrumpió su declaración para reprenderle. “No le permito este comportamiento, y menos cuando su partido está pactando en Europa con la extrema derecha”, ha zanjado, pidiéndo a los presentes no acercarse para “ganar protagonismo”.
Desde Más Madrid, elevaron las críticas y también señalaron a la Comunidad de Madrid, responsable de las condiciones del centro, señalando el contexto “precario” y “de hacinamiento” en el que viven sus huéspedes, que les obliga a estar “fuera desde las cuatro de la tarde”. Asimismo, a ojos del partido de Rita Maestre, este tipo de propuestas son también un “insulto a la Policía Municipal, que ya ha dicho muchas veces que no se puede relacionar delincuencia con inmigración”. Poco antes de someterse a votación fue el turno de la representante de Somos Acogida, una organización que vela por los derechos de estos menores. La intervención, ya de entrada, causó algo de alboroto y llevó a la queja de uno de los portavoces de Vox, que aseguró a los dirigentes del distrito que “no se había avisado a los partidos” de esta aparición con anterioridad. Los pocos minutos que esta asociación tuvo la palabra fueron interrumpidos en un par de ocasiones, tanto por Vox como por el propio David Pérez, que pidió a sus miembros “no insultar” a los representantes políticos, después de que les llamaran racistas, xenófobos o se hablara hasta de violaciones. Finalmente, y pese a las amonestaciones de Vox, su iniciativa no salió adelante.
Se cierra así una polémica que estalló nada más conocerse sus intenciones. La pregunta en cuestión tardó en llegar, pues en el pleno de este jueves aparecía como el punto número 17 del orden del día. Lo que se denuncia, textualmente, es la supuesta “ocupación inapropiada por menores no acompañados de los bancos de espera en las paradas de autobuses de la EMT aleñadas” a la zona junto al centro de menores tutelados que hay en el distrito. Según expone el partido en su proposición, esta circunstancia es una realidad y supone un “aumento de la inseguridad” o un motivo de “intimidación” para el resto de vecinos y usuarios del transporte público, enfatizando el caso de las niñas o las personas mayores. Hablan, incluso, de un “incremento de la basura, bolsas y suciedad” que en teoría están afectando a la imagen de la zona.
Susana, que prefiere no mostrar su rostro, a punto de entrar en el autobús junto al centro de acogida
La realidad aparente es algo difusa. Son las cinco de la tarde, la misma hora a la que empieza el pleno del distrito. En los alrededores del centro de acogida no hay ni un alma. Pero la situación no dura demasiado. Justo enfrente del edificio hay una gran avenida, en la calle de Valdetorres del Jarama. En cada una de las aceras hay una marquesina, y alguna gente espera sentada al próximo autobús sin saber que esa misma jornada iba a debatirse si el lugar sobre el que estaban sentados era o no un sitio seguro. “¿Cómo?”, se sorprende Susana, una chica joven que vive en un bloque de edificios rojo al otro lado de la vía, desde el que puede verse la institución para la acogida. “A veces sí que se arma revuelo, pero a mí no me molestan”, asegura, añadiendo que ella coge diariamente en ese punto la línea 125 (por esa calle pasan, además, el 120 y el 172) para ir a trabajar. En su opinión, cree que se habla más de ello cuanto más pasa la Policía haciendo sonar sus sirenas. “Puede que alguien relacione ese ruido con los chavales, al verlos siempre en grupo frente al centro y oír y ver al mismo tiempo a los agentes. Aunque sí, muchas veces se oyen gritos y peleas, igual sí son ellos”, concluye.
Algunos defienden con más firmeza esta posición. En la marquesina paralela a la de Susana aguardan Rita y Samuel, una pareja de mediana edad que también vive en el barrio. A ellos, aseguran, sí les da “miedo” cada vez que pasan por estas dos paradas. “Cuando viene mi nieta a verme, prefiero que coja un taxi a tener que bajarse aquí, sobre todo si es de noche”, reseña la primera. En ese momento no mencionan directamente a los chicos del centro de menores, pero su marido no tarda en hacerlo. “Hace un rato estaban todos allí amontonados, por lo menos 10 o 20, y hasta ha tenido que venir la Policía”, señala. En realidad, no hay certeza de que la visita policial que menciona tenga relación con los chavales. Unos minutos antes de las reflexiones ofrecidas por este matrimonio, un joven de origen marroquí tomaba el aire sentado en una de las elevaciones frente al edificio de acogida. En un primer momento se muestra reacio a hablar, pero pronto empiezan a salir varios de sus compañeros por la puerta –más de una decena, como estimaba Samuel– y comienzan a charlar.
Dos de ellos, incluso, dicen haber oído algo sobre las acusaciones que Vox lanza sobre estos menores no acompañados. “No hemos tenido problemas con ningún vecino, pero es que no nos queda otra que pasar la tarde fuera”, asegura Amin, otro joven llegado desde Tánger que defiende su actitud y la de sus compañeros. Tanto él como otros chicos que también acaban de salir, todos de origen marroquí, argelino o senegalés explican a Somos Madrid que, en realidad, les expulsan durante la tarde y no pueden volver a entrar hasta “las ocho y media”, antes de servir la cena. La razón es la saturación y el hacinamiento que el centro arrastra desde hace meses, pues en él se albergan más de 100 chavales cuando el espacio fue ideado para, como máximo, 35. El asunto está en manos de la Fiscalía, pero mientras llega o no una resolución se ven forzados a vivir de esta manera.
Bakr, uno de los menores del centro de acogida, con el edificio al fondo
Uno de los educadores que trabaja en el lugar, J.G.G., confirma esta versión y aclara que, dados los “malabares” que hacen los empleados para garantizar la convivencia de tantos chicos en un espacio escueto, la “única opción que tienen” es liberar parte del espacio y mandar a los muchachos afuera. Ellos, no obstante, se quejan de tener que “pasar frío” por las tardes y “no poder llamar a sus madres”, aunque el trabajador matiza que “una vez a la semana todos tienen acceso a ponerse en contacto con su familia, acompañados de un mediador”. Sobre la polémica que esa tarde llevó a debatir en la Junta Municipal del Distrito acerca del centro en el que trabaja, admite que “pasan mucho tiempo fuera y puede que alguno la líe un día, pero eso no significa que sea la norma. Pasaría lo mismo en un colegio o un instituto, porque son chavales”, sentencia.
Es en ese momento cuando un coche de la Policía Nacional aparca al lado de la marquesina más cercana al edificio en el que se encuentran. Dos agentes bajan del vehículo. Se acercan al grupo de migrantes y al trabajador que les acompaña, y preguntan a este último por una persecución que debió haberse producido hacía unos instantes. Acababan de recibir una llamada en la que un vecino decía haber visto desde el coche a una mujer corriendo a otra persona delante de ella con un bolso, que parecía haberle robado. Pero aunque llevaban rato por allí, nadie había visto nada. Finalmente, los agentes se marcharon, explicándose así el revuelo del que antes hablaba uno de los vecinos consultados.
Un día antes de celebrarse este pleno, los potenciales aliados de Vox en la votación ya se pronunciaron a nivel municipal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, salió a negar que estuvieran de acuerdo con los “mensajes de inseguridad” de Vox, pero remarcó que tampoco se sienten cerca de la izquierda que “señala a aquellos que no compartan sus planteamientos”. Asimismo, indicó que el Ayuntamiento perseguirá el “uso indebido” de las marquesinas de autobuses caiga quien caiga, “lo hagan los menas [menores extranjeros no acompañados] o cualquier otro”. “
No perseguimos a las personas, sino los comportamientos”, zanjó, sin dejar del todo claro hasta qué punto avalaban la denuncia de Vox. Finalmente, no fue así.
Otras polémicas en torno al centro de menores
La de las marquesinas no es la única controversia que se ha generado
en torno al centro de acogida de Hortaleza. Este mismo año se evidenciaba la saturación del espacio y el contexto de hacinamiento en el que vivían los menores que lo habitan. La denuncia se publicó a través del comité de empresa de la institución, que advertía de los inconvenientes que esto suponía tanto para los trabajadores, a la hora de desarrollar sus labores, como para los propios migrantes, que no podrían vivir en unas condiciones dignas. Comisiones Obreras (CCOO) fue quien elevó la cuestión a la Fiscalía, alertando de que el centro tenía en su haber a más de un centenar de jóvenes pese a que su espacio tope es mucho más reducido.
“Esta situación ha provocado llegar a más de un 60% de las bajas laborales”, llegaron a denunciar en el escrito presentado este verano, en el que también mencionaron otro incidente ocurrido nada más arrancar el año. El 1 de enero ardió una de las plantas del centro, en un incendio que se investigó como intencionado. Más recientemente, en octubre, los partidos de PP y Vox en la Asamblea de Madrid hablaron de hasta una treintena de menores que habían “desaparecido”, dijeron, de los centros de acogida de Hortaleza y Casa de Campo.
La implicación de Vox en polémicas relacionadas con la inmigación y, especialmente, los menores no acompañados, ha protagonizado otras trifulcas políticas en la Comunidad de Madrid. Una muy actual es la que se originó en la Cámara de Vallecas cuando el portavoz regional del PSOE, Juan Lobato, junto a los 27 diputados de su grupo, decidió abandonar la sala como protesta por una de las iniciativas que llevaban los de Isabel Pérez Moriño, que entonces acababa de sustituir a Rocío Monasterio como portavoz de Vox tras ser descabezada esta última. La propuesta en ese caso era obligar a los menores extranjeros a hacerse pruebas de edad para poder constar como tutelados. Acabó
siendo rechazada por todos los partidos del hemiciclo.
